Para comprender la complejidad de la dinámica y magnitud de la problemática de las minas antipersonal y los REG en el territorio colombiano, el informe propone un análisis histórico-descriptivo de su uso, proliferación, concentración territorial y declive en el marco de la dinámica de la guerra interna que aqueja al país desde hace más de cinco décadas. 

De este modo, gracias a este trabajo, se pudo identificar la relación directa entre la intensificación del conflicto armado -cuya segunda etapa de recrudecimiento se inició en 2001- y el incremento en el uso de MAP por parte de los grupos guerrilleros, quienes vieron en el empleo de estos explosivos una forma de “contrarrestar” la ventaja bélica del Estado (Introducción, p. 23). La ofensiva militar se iría intensificando con el transcurrir de los años y, con ella, la proliferación del uso de estos explosivos y el consecuente aumento de la victimización por MAP y REG. El presente informe identifica claramente la relación directa entre estos tres fenómenos determinando su principal ubicación en el tiempo entre los años 2001 y 2006, periodo que precisamente fueron calificados por la CNMH como de “tragedia humanitaria en Colombia” (Capítulo 1, p.47)

De este modo, tal y como lo señala el informe: “el empleo de las Minas Antipersonal como instrumento de guerra obedece a lógicas específicas asociadas a los distintos momentos del conflicto armado. Su empleo ha sido creciente en momentos de ofensiva de las Fuerzas Militares, cuando los grupos guerrilleros las han usado para buscar detener el avance de su adversario. También han sido empleadas por los mismos grupos para “tenderle trampas” a los miembros de las Fuerzas Armadas durante los combates; y finalmente protege activos estratégicos de la subversión.” (Capítulo 1, p. 99)

La identificación de esta relación positiva entre la aplicación de una estrategia militar para hacer frente al conflicto armado interno y la proliferación en el uso de MAP y REG por parte de los grupos guerrilleros resulta uno de los principales hallazgos de este informe pues no solo identifica al contexto de violencia prolongada como principal responsable de la contaminación del territorio colombiano con estos explosivos sino que revela que su utilización masiva formaba parte de una estrategia defensiva (en su mayor parte) y ofensiva que en el contexto de la guerra buscaba producir el mayor daño posible en el enemigo.

Las Minas Antipersonal son definidas así en su verdadera dimensión: fueron concebidas, fabricadas y utilizadas en el marco de la violencia armada. Su origen y propósito es más siniestro que la muerte pues se centra en infringir el mayor daño posible. Una mina antipersonal nace y existe solo con la única intención de mutilar, de desmembrar, de infectar un cuerpo y un territorio, y permanecer en él -en el caso que sobreviva- por mucho tiempo. Esta intención de daño ha sido admitida por los ex miembros de las FARC y el ELN que participaron en los talleres de memoria histórica: “... la lógica de daño por parte de los grupos armados ilegales busca que el atentado con Mina Antipersonal no solo tenga una dimensión individual, sino que tenga un impacto sobre el conjunto de los miembros de la Fuerza Pública, causando daños en dos vías: por un lado, en la de varios de los miembros, y por el otro, en la “sicología” y “moral” del grupo.” (Capítulo 1, p. 100-101)

Ahora bien, es importante señalar que si bien el Ejército colombiano también hizo uso de estos explosivos de efecto indiscriminado pues se activan al mínimo contacto y no distinguen entre un blanco civil o uno militar, gracias a la firma del Tratado de Ottawa, en Colombia está prohibida desde 2000 su uso, fabricación, comercialización y transferencia.  

El uso de las minas antipersonales en Colombia como estrategia bélica ha hecho de la discapacidad un arma de guerra pues, “a diferencia de la mayoría de armas empleadas en un conflicto armado, el objetivo principal de una Mina Antipersonal no es matar al adversario sino herirlo. Y no herirlo de cualquier manera, sino ocasionarle un enorme sufrimiento determinado por la potencia que tienen estos artefactos para producir algún tipo discapacidad en la persona afectada”. (Capítulo 1, p.99). Por lo declarado entonces por ex miembros de los grupos guerrilleros, las MAP fueron sembradas no solo para infundir miedo en el enemigo sino para provocar antes que su muerte, su mutilación, como recordatorio de su propia fragilidad. 

Ahora bien, a pesar que esta intención de daño estaba dirigida a socavar la capacidad bélica y moral de la Fuerza Pública -según declaración de los ex guerrilleros entrevistados-, la población civil se vio afectada en un alto porcentaje. Tal y como lo recuerda el informe, el 40% de las víctimas registradas son civiles. Ante esta realidad, diversas narrativas fueron formuladas por los entrevistados, quienes señalaron que si bien la población civil nunca fue el blanco de los ataques por MAP y REG, estos tenían cierta responsabilidad en su victimización pues fueron advertidos en su momento sobre los lugares contaminados y se metieron en dichas zonas por “tercos” o “desobedientes” (Capítulo 2, p.140; Capítulo 3, p. 201; Recomendaciones, p. 375). Este discurso sin duda refuerza el sentimiento de autoinculpación existente entre las víctimas de estos explosivos así como en la estigmatización que sobre ellas pesa.

La autoinculpación de las víctimas de MAP y REG se basa en dos lógicas: fue el azar o la mala suerte la que puso a esa mina en el camino de la víctima y fue ésta misma la que la activó. Bajo dicha formulación el responsable de la siembra de dicho explosivo desaparece del espectro y por ende el peso recae únicamente en la persona o personas que sufrieron la victimización obligándolas a ser las únicas que asumen “el daño experimentado como si no existiesen responsables del mismo” (Capítulo 1, p. 28; p. 80).   

Tomando en cuenta esta tendencia a la autoinculpación, fenómeno que instala una barrera en el proceso de recuperación del hecho traumático así como en la reivindicación de los derechos de los sobrevivientes, el informe del CNMH y la Fundación Prolongar se muestra crítico con el uso generalizado del término “accidente” para definir la naturaleza del evento victimizante. “Hablar de accidentes para estos sucesos puede significar hablar solo de quien activa la MAP (la víctima) y del artefacto mismo. Cualquier referencia o implicación de un perpetrador desaparece. Un acto de guerra (premeditado, provocado) se transforma así en una acción cuya responsabilidad parece recaer solo en quien accidentalmente la materializa.” (Capítulo 1, p.29)

Bajo esta lógica, hablar de un accidente por MAP y REG contribuye a diluir la responsabilidad de quién dispuso el uso de dicho artefacto, más aún cuando tomamos en cuenta que éste se encuentra ausente al momento de su activación. En su defecto propone utilizar el término “atentado” para resaltar así la intencionalidad de daño existente en su fabricación y uso.

Esta propuesta resulta un paso importante hacia la reivindicación de las personas afectadas por estos artefactos, pues no solo contribuye a la liberación de la víctima de la autoinculpación (Capítulo 3, p.202) sino también contribuye a visibilizarlas como víctimas legítimas del conflicto armado interno y, por tanto, como sujetos de derecho de reparación e indemnización. Esta reivindicación, que si bien no pretende ninguna injerencia jurídica tal y como lo señalan los mismos autores del informe, se constituye en una forma de reparación simbólica a los hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos, civiles y miembros de las fuerzas públicas, que fueron objeto de este tipo de atentados.

“Las personas que debido a esta victimización quedan en condición de discapacidad deben enfrentarse no solo a las transformaciones en las dimensiones de su corporalidad, sino a diversos factores sociales, como la estigmatización, que agravan su condición” (Capítulo 1, p. 22), lo que dificulta no solo la superación del hecho traumático sino también impide el proceso de empoderamiento de la persona afectada, el que propiciará su reinserción en la sociedad como ciudadanos activos. Pero este riesgo no solo se centra en las víctimas con discapacidad, sino en todas aquellas que sufrieron las consecuencias de la violencia armada interna y que por diversos factores persisten circunscritas al círculo de la victimización constante. 

A la propuesta de usar una terminología distinta a la forma tradicional de nombrar al evento victiminizante: atentado y no accidente, a fin de liberar a la víctima de la autoinculpación y visibilizar la intención preexistente de daño, se aúna una que no solo se centra en la condición existente a partir del hecho traumático – víctima – sino a partir del reconocimiento de “todas las dimensiones de la experiencia vital posterior al acto mismo de afectación”. De este modo, el informe propone el uso del término Sobreviviente, para destacar los procesos de recuperación, rehabilitación, resiliencia, reincorporación a la sociedad, etc., por el que atraviesan las personas que fueron afectadas directamente por la explosión de estos artefactos.

Este término, enmarcado en una “memoria transitiva”, sigue lo propuesto por diversos actores nacionales e internacionales que en él han encontrado el espacio ideal para reconocer las diversas acciones y decisiones adoptadas por las víctimas para hacer frente al evento traumático y superarlo.

A este respecto, es importante recordar un estudio con sobrevivientes de minas antipersonales (el único hasta la fecha) realizado en 2004 por Ferguson, Richi y Gomez. Su objetivo era identificar los factores psicológicos que intervienen en la sanación física y la recuperación total. Para dicho estudio entrevistaron a 85 participantes, entre sobrevivientes de MAP presentando amputación de uno o más miembros, su familia y proveedores de asistencia médica. Grosso modo, esta investigación identificó tres fases en el proceso de recuperación de los sobrevivientes: el de la víctima en sí, centrada principalmente en su recuperación física; el del sobreviviente, en el que la persona directamente afectada integra a su situación a su familia y comunidad y centra su atención en la recuperación económica; el del ciudadano integral, cuando uno se concibe como un aceptado y productivo miembro de la sociedad. Ha habido otras investigaciones sin embargo sobre el uso de estos términos en el caso de sobreviviente de ataques sexuales o violación. El consenso ha sido el mismo: la denominación utilizada tiene un gran impacto en la capacidad del individuo para reinsertarse en la sociedad como miembro activo y mejorar su calidad de vida.

Una de las organizaciones civiles que también es miembro de la ICBL (Campaña Internacional contra las Minas Terrestres, ICBL por sus siglas en inglés y coalición de ONGs que impulsó la firma del Tratado de Ottawa) y que fue creada por sobrevivientes de minas antipersonales es Landmine Survivors Network (posteriormente llamada Survivor Corps). Dicha organización fue una de las impulsoras en el trabajo de empoderamiento de las víctimas para que se conviertan en sobrevivientes. Otras ONG también pertenecientes a la ICBL se han mostrado receptivas con la importancia del uso de esta terminología y la han transmitido a sus beneficiarios en las diferentes actividades de empoderamiento que con ellos han realizado. Los sobrevivientes colombianos no han sido ajenos a ello.

Es importante resaltar que proponer el uso de esta terminología no significa modificar los modos de uso ya establecidos por la legislación nacional, vigente y garante de la asistencia, reparación y/o indemnización de las Víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, resulta de vital importancia que el primer informe oficial a nivel nacional sobre la problemática de las MAP y los REG en Colombia lo incorpore entre sus recomendaciones para futuras acciones de intervención en el grupo poblacional afectado. Ahora bien, este informe reconoce que este término sólo podría aplicarlos afectados directamente por el hecho traumático, de este modo, el término Víctima, al ser más amplio, incluiría también a sus familiares y la comunidad también afectada por estos explosivos.

En principio, toda intervención humanitaria, así como toda intervención de investigación y recojo de información sobre las necesidades de las víctimas del conflicto armado interno debe cuidarse de no revictimizar a esta población. Para ello, será fundamental reconocer las dificultades que rodean a su actual estado, así como respetar las resistencias que en ella encontrarán como consecuencia tanto del hecho traumático en sí como de las experiencias previas con otros agentes externos.

Precisamente, un punto que muchos de los sobrevivientes evocaron a este respecto en mis visitas de campo en los municipios de San Juan de Arama y Vista Hermosa, en Meta, así como en Cocorná, Granada, San Carlos y San Luis, en Antoquia, fue la desazón que les generaba tener que siempre repetir su historia. Muchos de ellos sentían que era como si los obligaran a nunca olvidar, a siempre recordar. Otros optaban por eludir responder a esas preguntas que siempre se repetían: ¿cuándo y cómo ocurrió el “accidente”? ¿qué estaba haciendo en dichas circunstancias? ¿estaba solo(a) o acompañado(a)? ¿quién lo socorrió? ¿Cómo fue trasladado a emergencias?.. y así... De este modo, resultaba comprensible que ante la nueva presencia de un agente externo interesado en indagar más sobre su condición surgiera principalmente un sentimiento de desconfianza y dilatación de expectativas. “Tener que recordar todo otra vez, y ¿para qué?”.

Rescato esta experiencia personal pues tuve la oportunidad de estar en Villavicencio, Meta, al momento en el que se iba a realizar uno de los talleres de memoria organizados por el CNMH para efectos de este informe. Algunos de los sobrevivientes a quienes yo conocía desde 2010 fueron informados del mismo pero, contrariamente a mis expectativas, recibieron la información sin mayor entusiasmo. Algunos incluso decidieron no participar pues, según sus palabras, iría a ser más de lo mismo. Entre otras de las razones evocadas en mi trabajo de campo, este sentimiento generalizado de desconfianza se habría intensificado tras las frustraciones experimentadas por la puesta en marcha de la Ley de Víctimas (en 2011): según ellos, sus necesidades seguían sin ser atendidas, pese a que el Estado reconocía por fin la existencia de un conflicto armado y por tanto se asumía como responsable en la asistencia, acompañamiento y reparación de las víctimas.

Es entonces en este punto que rescato otro de los aportes más valiosos del trabajo hecho por el CNMH y la Fundación Prolongar. Las víctimas no son meros objetos de estudio. Son sujetos de memoria. Son protagonistas de primera línea de sendos años de horror y destrucción. Son sobrevivientes de múltiples eventos traumáticos y, por ende, son dignos de respeto, consideración y admiración. Creo entonces que cada línea de este informe ha seguido fielmente este principio, destacando el uso de una metodología que hizo del respeto a los procesos emocionales atravesados por los sobrevivientes y sus familiares al momento de recordar y hablar del hecho traumático, un eje vital.

Resultan interesantes muchos de los hallazgos recogidos por este informe así como las precisiones que de él emanan, como aquella que resalta que si bien el país presenta registro de contaminación en 31 de los 32 departamentos, eso no significa que todo el país esté contaminado pues la concentración se centra en 491 de los 1122 municipios que hay en Colombia, es decir, en poco más del 54 por ciento. Dicha afirmación se sustenta en las zonas donde se se ha registrado afectaciones por MAP y REG. Es importante que esta precisión se haga pues contribuirá no solo a identificar las áreas donde deberían priorizarse las acciones de Educación y Prevención en Riesgo de Minas y desminado humanitario sino también porque -tal y como lo señala su segunda conclusión- da cuenta de la obsolescencia del arma con el paso de los años. (Conclusiones y Recomendaciones, p. 369-370)

Ahora bien, el reto persiste en la identificación de las áreas donde fueron sembrados dichos artefactos, un objetivo que se ha tornado esquivo por años por la persistencia del conflicto armado. Sin embargo, nuevos aires se auguraron por la firma de la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en septiembre de 2016 así como con el inicio de las conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

En efecto, uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz con estos grupos armados es la identificación de las zonas contaminadas por parte de estos grupos guerrilleros, quienes se constituyen como los principales responsables del uso masivo de MAP -de origen artesanal en su gran mayoría- durante los años 2000 (Capítulo 1). Recordemos que las fuerzas armadas colombianas también hicieron uso de minas antipersonal industriales, e incluso las fabricaron, pero todo ello se detuvo cuando Colombia firmó la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su destrucción, también conocida como el Tratado de Ottawa, el 3 de diciembre de 1997; su ratificación la hizo en septiembre de 2000, para entrar así en vigor en marzo de 2001 (Capítulo 1, p. 41).

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Centro Nacional de Memoria Histórica y Fundación Prolongar. (2017), La Guerra Escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia, CNMH, Bogotá. 

Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/la-guerra-escondida

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