Días previos al censo, y ante la posibilidad de que los empadronadores entren a las casas, empezaron a correr advertencias de prevención pero principalmente dirigidas a la gente que ese domingo se iba a quedar en casa esperando a ser censada. "Que verifiquen bien el DNI y la tarjeta de identificación que cada censista debe llevar", se iba advirtiendo en uno y otro lado, mientras que el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI)  y los medios de comunicación daban a conocer un número telefónico -que nunca funcionó bien- al que los ciudadanos podían llamar para saber de antemano nombre y documento de identidad de la persona que los visitaría.

Corrieron también rumores de camisetas y carnés falsificados, circularon reportajes antiguos sobre censos pasados en los que ladrones asaltaron a gente tras hacerse pasar por censistas... En fin, las advertencias apuntaron a instalar el miedo y la desconfianza ante esos terceros desconocidos que nos tocarían la puerta el pasado domingo 21 de octubre. Pero nadie –o tal vez algunos cuantos colectivos feministas- pensó en la inseguridad a la que también estarían expuestos las y los voluntarios del Censo, algunos de ellos menores de edad (15 o 16 años).

Casi nadie advirtió sobre el riesgo que correrían sobre todo las mujeres voluntarias (el 65 por ciento del total de los empadronadores, según informe del INEI dado el pasado 22 de octubre), pese a que las denuncias por maltratos hacia las mujeres circulaban en medios y redes desde hacía varios días. Pese también a que la espantosa cantidad de violaciones registradas en el país han llevado a ubicar al Perú en el segundo lugar en América del Sur: según información revelada por el Ministerio de la Mujer, entre enero y agosto de 2017, 4998 mujeres fueron violentadas sexualmente, dentro de las cuales, el 71 por ciento eran niñas y adolescentes.

Sin embargo, el rumor del miedo y la desconfianza entre unos y otros solo giró en un solo sentido, en aquél en el que la potencial agresión podría proceder del sector de los empadronadores. Algo lógico de pensar –y temer- en momentos en los que los índices delincuenciales se incrementan de forman galopante.

Pero el día del Censo la alerta de peligro se activaría desde otro flanco. Ése que hasta el momento solo había sido tomado en consideración para las críticas, las bromas e incluso las burlas. Una empadronadora había sido violada al interior de un domicilio al cual ingresó para censar a una familia. 

Esta horrible experiencia sucumbió al país en la indignación y surgió por vez primera un tema que no había sido incluido en el debate surgido días antes del censo: las voluntarias enfrentaban también grandes riesgos hacia su seguridad al tocar puertas extrañas. 

Ahora bien, no todos los que se levantaron ante lo ocurrido lo hicieron en son de protesta. Muchos –principalmente hombres aunque también algunas mujeres- salieron a cuestionar la veracidad de lo sucedido, pese a que la violación había sido constatada por un médico legista. Y lo hicieron de aberrante manera: con sorna barata, con burla, con vulgaridades y groserías por doquier. También lo hicieron con insultos hacia quienes salieron a enfrentarlos en redes, hecho que reveló una vez más que en el país crecía peligrosamente la tendencia de normalizar y cuestionar la legitimidad de cualquier denuncia por agresión –física, verbal o emocional- cometida contra las mujeres.  

¿Por qué ninguna autoridad tomó las medidas necesarias para siquiera intentar reducir al mínimo los riesgos que también enfrentarían los voluntarios al momento de presentarse ante cualquier casa a empadronar? ¿Ninguno de estos expertos siquiera pensó en que con un censo de puerta a puerta se daba también pie a que depredadores y falsos “donjuanes” que confunden el acoso con el flirteo y que banalizan la violación sexual, o incluso la celebran haciendo uso de bromas de mal gusto, tuvieran acceso a personas vulnerables? ¿Por qué tampoco se tomaron medidas para que las y los voluntarios no fueran centro de la ridiculización o la humillación en las redes? (aquel día fue de práctica común difundir fotografías de las y los censistas acompañándolas con frases ofensivas y subidas de tono).  

Me pregunto si los riesgos para las voluntarias hubiesen disminuido si desde el propio Estado se hubiera asegurado el empadronamiento en equipos de dos o tres personas; o si las autoridades hubieran dado estrictas instrucciones de no ingresar a los domicilios así como si hubiesen coordinado con los municipios para que los miembros de Serenazgo apoyen a la Policía Nacional en la vigilancia del proceso. Es verdad que todo ello queda ahora en el plano de las suposiciones y que sanar a un país donde se han normalizado las agresiones sexuales hacia las mujeres implica un trabajo mucho más profundo y de largo plazo.

Queda solo asumir con hidalguía y valentía la oscura moraleja dejada por esta experiencia que paralizó a todo un país bajo la premisa que era momento de conocer no solo cuántos éramos sino cómo nos identificábamos, qué poseíamos, en qué situación socio-económica nos encontrábamos: somos una sociedad enferma que está inmersa en una desconfianza generalizada que apunta a mansalva con los ojos cerrados y en frenética neurosis; somos también un país que ataca salvajemente a nuestras mujeres, que las denigra y las hace centro de su desprecio, burla y bajos instintos; somos también un país que banaliza el acoso y lo confunde con el cortejo, que normaliza las agresiones sexuales e incluso las incluye en sus burdas fantasías sexuales.

Ha sido una triste revelación que estadísticas previas advertían a gritos pero como en toda sociedad en la que el morbo prima, hacía falta una víctima con nombre y apellido para que la grave problemática de la violencia de género adquiera una vez más centralidad. En tal sentido, es urgente no solo aplicar penas más severas, sino también emprender estrategias eficaces y comprehensivas para prevenir estos actos. Del mismo modo, resulta inaplazable que se tome en cuenta la violencia que circula a través de las redes sociales y los medios de comunicación en general pues estos espacios se constituyen en una de las principales fuentes de la banalización o normalización de este tipo de agresiones. Finalmente, sería bueno que el Estado peruano incluya y convoque a los distintos colectivos ciudadanos que luchan por la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres, las niñas y la población LGTBI, porque vasta y confirmada experiencia en esta materia sin duda tienen. Para sanar es importante antes reconocer la enfermedad y la cultura de la violación es sin duda una de las más graves.